Justicia azul para el sector pesquero en pequeña escala: Un enfoque basado en Derechos Humanos

Las pesquerías en pequeña escala son de gran importancia en términos sociales, culturales y como sustento de vida, al ser una fuente de empleo, proteína de alta calidad y bajo precio, contribuyendo de esta manera a la seguridad alimentaria para las comunidades costeras, principalmente en los países en vías de desarrollo. A pesar de su importancia, pescadores y pescadoras de América Latina enfrentan serias problemáticas relacionadas con la degradación constante de los océanos, y sus comunidades peligran. Lo anterior a causa de diferentes factores como el cambio climático, la contaminación terrestre, la sobrepesca y los procesos de desposesión, privatización de playas y áreas de pesca.

Dichas situaciones representan violaciones a los derechos humanos de mujeres, hombres, y comunidades pesqueras en Latinoamérica. Los derechos humanos como su nombre lo indica, son derechos que gozamos simplemente por el hecho de ser seres humanos, independientemente de nuestro sexo, nacionalidad, orientación sexual o condición socioeconómica. Son universales y permiten vivir una vida con dignidad humana y nos permiten desarrollarnos integralmente. La obligación de respetarlos y velar porque entre las personas sean respetados se encuentra a cargo del Estado.

En las ultimas dos décadas hay una creciente presión sobre los océanos por asegurar el acceso a fuentes de proteína de manera segura y constante (pesca y acuacultura), así como por el desarrollo de sectores considerados estratégicos tales como el transporte marítimo, la minería, fuentes de energías renovables, el turismo y otras actividades. Todas estas actividades con la finalidad de crear mayores oportunidades de un crecimiento económico sostenible. En este contexto nace el modelo de desarrollo denominado Economía o Crecimiento Azul el cual considera a los océanos como fuente fundamental para el desarrollo.

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La Economía Azul busca lograr el crecimiento económico con la creación de empleos para combatir la pobreza, manteniendo la sostenibilidad de los océanos. No obstante académicos, comunidades pesqueras y organizaciones de la sociedad civil han señalado el lado desfavorable de dicho modelo económico, dando cuenta de problemáticas pasadas y presentes de privatización y de negación del acceso a zonas de pesca por industrias tales como la de hidrocarburos, energías renovables, la privatización de manglares, o el sector turístico que afecta los derechos de las personas en las comunidades costeras. En este sentido si bien la economía azul pudiera traer beneficios a las comunidades pesqueras y costeras, es necesario introducir al centro de la discusión el concepto de Justicia Azul, reconociendo a mujeres y hombres del mar como usuarios históricos de los océanos y ecosistemas marinos, los cuales son sujetos de derechos humanos que deberán garantizarse y respetarse.

La Justicia Azul busca hacer visible las injusticias históricas y actuales que las comunidades enfrentan, para que a través del uso de los derechos humanos sean reparadas y tomadas en cuenta en el proceso de toma de decisiones en el marco de proyectos relacionados con la economía azul. Para lograr lo anterior, en el año 2014, la mayoría de países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en ingles) aprobaron el instrumento internacional denominado Directrices Voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza (Directrices PPE), instrumento de carácter internacional que por primera vez hace expresa referencia a los derechos humanos en especifico de hombres y mujeres dedicados al sector de pequeña escala ( artesanal).

Las Directrices PPE se encuentran conformadas por varios temas entre los que se encuentran:

  • Gobernanza responsable de la tenencia y manejo sustentable de los recursos.
  • Seguridad Social, empleo y trabajo decente.
  • Cadenas de valor, actividades posteriores a la captura y comercio.
  • Igualdad de Género.
  • Cambio Climático y Riesgos de Desastres.
  • Información, comunicación e investigación.
  • Coherencia en las políticas públicas y en la ley.

Mujeres y hombres de las comunidades pesqueras enfrentan
una situación desfavorable en términos económicos, sociales y medio
ambientales, pues a pesar de su vital importancia y contribuciones a la
seguridad alimentaria, empleo y economía, sus ecosistemas y medios de vida se
encuentran degradándose. Ante dicho panorama, el enfoque basado en derechos
humanos aplicados a la pesca, a través de las Directrices PPE, representan un
instrumento útil y necesario para conocer cuáles son los derechos y deberes de
los pescadores y las pescadoras. Los derechos humanos a través de las
Directrices representan un enfoque necesario para proponer y promover políticas
públicas en materia pesquera, que logren proteger los recursos y ecosistemas
marinos, a través de la creación de condiciones de vida digna para los usuarios
de los mismos.


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